Tras intensos debates y ajustes legislativos, la nueva reforma laboral del Gobierno colombiano fue finalmente aprobada por el Congreso. Con más de 70 artículos, esta reforma representa un giro profundo en las reglas del juego para el empleo en el país, con impactos directos en sectores industriales, plataformas digitales, trabajadores del sector público y la informalidad laboral, que aún afecta al 57,4 % de la población económicamente activa.
Cambios clave: del horario nocturno a la estabilidad contractual
Uno de los cambios más significativos es la modificación del horario nocturno, que ahora comenzará a las 7:00 p.m. (antes 9:00 p.m.), lo cual incrementará los costos laborales para sectores como comercio, salud, transporte y manufactura con turnos extendidos. Esto impactará directamente a empresas en ciudades como Medellín, Barranquilla y Cali, donde el trabajo nocturno es clave en industrias como textiles, logística y vigilancia.
Además, el pago por trabajar domingos y festivos pasa del 75 % al 100 % de recargo, lo que también supone un ajuste sustancial en sectores como el retail, que emplea a más de 1,2 millones de personas en Colombia.
La reforma también transforma la naturaleza de la contratación: el contrato a término indefinido será la norma, limitando a solo cuatro renovaciones los contratos a término fijo antes de convertirse en indefinidos. Esta medida busca combatir la rotación y precarización laboral, pero genera incertidumbre entre pymes y empresas tercerizadas, especialmente en zonas como Bucaramanga y Pereira, donde el empleo informal y temporal ha sido predominante.
Impacto en el sector público y profesiones históricamente precarizadas
La eliminación de contratos por prestación de servicios para labores permanentes en el sector público representa un golpe de timón, ya que más de 200.000 trabajadores del Estado hoy laboran bajo esa figura. Gobernaciones, alcaldías y hospitales públicos deberán ajustar sus presupuestos y estructuras internas en los próximos seis meses.
Las empleadas domésticas, unas 730.000 en todo el país según el DANE, ahora contarán con jornadas reguladas de máximo ocho horas. Asimismo, los estudiantes de medicina en prácticas deberán recibir al menos un salario mínimo legal vigente, una medida que apunta a dignificar su formación.
En educación técnica, se fortalecen las garantías para aprendices del SENA, quienes ahora serán reconocidos como trabajadores con acceso a prestaciones legales y un esquema salarial progresivo según su fase de formación.
Regulación al trabajo en plataformas: hacia la formalización del siglo XXI
Por primera vez, Colombia establece un marco legal para los trabajadores de plataformas digitales, como Rappi, Didi o Uber Eats. Estos trabajadores, que superan los 120.000 según Fedesarrollo, tendrán acceso a seguridad social, un auxilio de conectividad de $200.000 COP mensuales y estarán protegidos bajo normas laborales mínimas.
Esta medida, sin embargo, genera tensión en el ecosistema digital y logístico, dado que muchas plataformas operan bajo modelos algorítmicos que priorizan flexibilidad por sobre regulación.
Un intento ambicioso por reducir la informalidad
La reforma incluye el programa ‘Crea Empleo’, que busca subsidiar la nómina de empresas que contraten jóvenes, mujeres y personas mayores de 50 años. La apuesta es disminuir una tasa de informalidad que, pese a los esfuerzos, persiste: en ciudades como Cúcuta y Riohacha supera el 70 %, mientras que en Bogotá se mantiene cercana al 40 %.
Además, aunque se discutieron medidas como la jornada laboral comprimida en cuatro días o el trabajo de medio tiempo formal, estas fueron descartadas durante la conciliación final del proyecto. Con ello, se mantiene la jornada laboral tradicional de cinco días.
Conclusión: ¿avance social o carga empresarial?
La nueva reforma laboral entrará en vigor seis meses después de su sanción presidencial. Para muchos sindicatos y organizaciones sociales, representa un avance en justicia laboral. Para gremios empresariales, significa una mayor carga operacional y financiera.
Lo cierto es que esta transformación obligará a todos los actores del sistema productivo –público, privado y social– a adaptarse a un nuevo paradigma del trabajo, más regulado y con mayores garantías, pero también con mayores desafíos de sostenibilidad económica y operativa.
