La discusión entre el empresariado y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) subió de tono tras una serie de requerimientos de información enviados a compañías de distintos sectores. Para los principales gremios —entre ellos la Andi y el Consejo Gremial Nacional— el alcance de esas solicitudes podría abrir la puerta a esquemas de control de precios y, además, implicaría pedir información especialmente sensible (costos, márgenes y políticas comerciales) sin una conexión clara con una actuación concreta, lo que —según su lectura— afectaría la seguridad jurídica y derechos asociados a la libre empresa.
1) Qué está solicitando la SIC (según los gremios)
De acuerdo con los comunicados gremiales, los requerimientos incluirían información como:
- Estructura de costos
- Márgenes de ganancia
- Parámetros de fijación de precios
- Políticas comerciales (descuentos, condiciones, estrategias)
- Información sobre uso de tecnologías en las compañías (mencionada por la Andi)
Para las asociaciones empresariales, este tipo de datos no solo tiene valor competitivo, sino que suele estar protegido por reserva comercial y por figuras como secreto empresarial/industrial, dependiendo del caso.
2) La postura de la Andi: facultades sí, pero dentro de la ley
La Andi reconoció que la SIC sí tiene facultades para solicitar información a personas naturales y jurídicas. Sin embargo, insistió en que esas facultades deben ejercerse:
- En los precisos términos que establece la ley
- Con criterios de pertinencia y conducencia respecto de una actuación específica
- Respetando debido proceso y proporcionalidad administrativa
Derechos que, según la Andi, podrían verse comprometidos
El gremio advirtió que requerir información detallada sobre costos, márgenes o políticas comerciales, sin justificación concreta, podría vulnerar:
- La libre empresa
- La protección de secretos industriales
- La confidencialidad de estrategias comerciales
Además, subrayó —en línea con el artículo 6 de la Constitución— que los servidores públicos solo pueden ejercer funciones expresamente atribuidas por la ley.
Punto jurídico central
La Andi sostuvo que no existiría una norma que habilite a la SIC para inspeccionar por sí misma, de manera general, aspectos como:
- Márgenes de utilidad
- Uso de tecnologías en las empresas
3) La postura del Consejo Gremial: rechazo a solicitudes generalizadas
El Consejo Gremial Nacional expresó su oposición a lo que calificó como solicitudes generalizadas para revelar:
- Parámetros de fijación de precios
- Márgenes
- Políticas de descuentos
A su juicio, se trata de información amparada por reserva comercial, y cualquier vigilancia o investigación debe realizarse:
- Dentro de procesos definidos
- Con competencias claras
- Sin extender el alcance de la supervisión a ámbitos que puedan interpretarse como una forma indirecta de intervención de precios
Marco constitucional citado
El Consejo Gremial recordó que el artículo 333 de la Constitución protege la libertad económica y la libre competencia, y advirtió que la actuación estatal debe evitar enfoques que “presuman ilegalidad” de entrada.
4) El riesgo que señalan los empresarios: seguridad jurídica y confianza de mercado
El mensaje común de los gremios es que, aunque perseguir prácticas anticompetitivas y proteger al consumidor es legítimo, hacerlo mediante requerimientos amplios de información sensible podría:
- Debilitar la seguridad jurídica
- Generar incertidumbre sobre reglas de mercado
- Afectar la confianza inversionista
- Introducir un incentivo a la autocensura comercial (cambiar estrategias por temor regulatorio)
Lectura estratégica: el punto crítico no es pedir información, sino el “para qué” y el “cómo”
Desde una perspectiva de estrategia y derecho comercial, el conflicto suele concentrarse en tres preguntas:
- Finalidad: ¿la información está vinculada a una investigación o actuación concreta?
- Necesidad y proporcionalidad: ¿se pide lo mínimo indispensable o un mapa completo de la estrategia competitiva?
- Confidencialidad: ¿existen salvaguardas claras para tratamiento, custodia, acceso y uso de datos?
En ausencia de respuestas robustas, la solicitud de costos y márgenes puede percibirse como un insumo para decisiones que el empresariado interpreta como intervención indirecta de precios, aun si ese no fuera el objetivo declarado.
