El Gobierno fija para 2026 un salario mínimo de $1.750.905 (sin auxilio de transporte) y $2.000.000 para quienes lo reciben, bajo la noción de “salario vital” o “ingreso mínimo vital”.
La ANDI rechaza dos cosas:
- El fondo: un incremento del 23 % que consideran desalineado con la realidad de productividad, inflación y capacidad de pago empresarial.
- La forma: la decisión unilateral, por fuera de la lógica de concertación en la Comisión de Política Laboral y Salarial.
El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, califica la decisión como un acto de “populismo” por su potencial impacto sobre:
- Inflación
- Empleo formal
- Informalidad
- Competitividad
- Tasa de interés
Más allá de la retórica, la cuestión económica central es:
¿Puede la economía absorber un choque de costos laborales de esta magnitud sin deterioro significativo en empleo formal, precios y crecimiento?
🔍 Lectura económica: dónde están los riesgos macro
1. Inflación: riesgo de efecto de segunda ronda
Un aumento del 23 % en el salario mínimo:
- Eleva directamente el costo laboral de empresas intensivas en mano de obra.
- En sectores con poco margen, la respuesta natural es trasladar costos a precios.
- Si estos sectores son relevantes en la canasta del índice de precios (alimentos procesados, servicios personales, logística, comercio, etc.), se genera un efecto de segunda ronda sobre la inflación.
Consecuencia probable:
- Mayor presión sobre el Banco de la República para mantener o subir tasas de interés por más tiempo.
- Costo de crédito más alto para empresas y hogares → menor inversión y consumo.
2. Empleo formal vs. informalidad
En un país con alta informalidad, el salario mínimo actúa como:
- Ancla para el sector formal, pero también
- Umbral de exclusión: cuando el costo formal supera la productividad marginal de muchos trabajadores, la empresa:
- No contrata,
- No renueva, o
- Recurre a informalidad, tercerización opaca o subcontratación.
Riesgo concreto:
- Micro y pequeñas empresas con baja productividad pueden ajustar por cantidad (empleos) en lugar de solo por precio.
- El aumento del mínimo puede favorecer a quienes ya están en la formalidad y cumplen el estándar, pero reducir las probabilidades de entrada al empleo formal de jóvenes, trabajadores no calificados y personas en regiones menos productivas.
3. Competitividad y costo país
El salario mínimo no actúa en el vacío. Interactúa con:
- Productividad laboral
- Cargas parafiscales
- Costos no salariales (seguridad, logística, energía)
- Tipo de cambio
Un alza del 23 % que no esté respaldada por mejoras equivalentes en productividad:
- Deteriora la competitividad de sectores transables (manufactura, agroindustria, algunos servicios exportables).
- Aumenta los incentivos a automatización defensiva en empresas grandes y a informalidad defensiva en empresas pequeñas.
4. Finanzas públicas e intermediación política
Aunque el Estado no paga directamente este incremento en el sector privado, sí asume:
- Mayor costo en contratos intensivos en mano de obra.
- Posible presión para subir salarios públicos.
- Mayor tensión en programas sociales si el empleo formal se resiente.
Al mismo tiempo, la acción unilateral del Gobierno:
- Erode la confianza institucional en los espacios de concertación.
- Incentiva la búsqueda de canales políticos/judiciales (OIT, cortes) en lugar de diálogos técnico-sociales.
🏭 Impacto sectorial: quién gana, quién pierde y cómo
1. Comercio, servicios y pymes
- Sectores con alto peso de salario mínimo en su estructura de costos (retail, restaurantes, hoteles, servicios personales) se verán fuertemente impactados.
- Pymes y micronegocios formalizados tendrán menos capacidad de absorción y financiación.
Posibles efectos:
- Reducción de personal, más contratación por horas o sustitución por informalidad.
- Ajustes de precios que deterioren ventas en un consumidor con ingreso disponible limitado.
2. Agro, manufactura y logística
- Agro: regiones con baja productividad y alta dependencia de mano de obra barata pueden ver:
- Menos contratación formal,
- Mayor riesgo de informalidad rural.
- Manufactura: empresas exportadoras con baja sofisticación tecnológica pueden perder margen frente a competidores de países con salarios mejor calibrados frente a productividad.
- Logística y transporte: costos laborales (cargue, descargue, servicios asociados) pueden presionar tarifas.
3. Sectores intensivos en capital y tecnología
- Empresas con alta automatización y menor peso relativo de mano de obra de salario mínimo resentirán menos el impacto directo.
- Pero enfrentarán:
- Aumento en la demanda salarial de otros niveles (efecto “cascada” en escalas salariales).
- Incrementos de costos en proveedores intensivos en mano de obra.
4. Hogares y consumo
En el corto plazo:
- Los hogares que ganan salario mínimo verán un incremento nominal fuerte.
- Sin embargo, si hay traslado a precios, parte del aumento se diluye en inflación.
Hay una tensión macro:
- Puede haber impulso al consumo en el corto plazo (más ingreso nominal).
- Pero si esto alimenta inflación y tasas de interés más altas, el efecto neto sobre bienestar puede ser ambiguo o incluso negativo.
🧩 Dimensión institucional: el costo de la decisión unilateral
El reclamo de ANDI no es solo económico. Es institucional:
- La Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales existe para que gobierno, empresas y trabajadores construyan acuerdos o, al menos, posiciones razonadas.
- Al modificar unilateralmente la metodología e introducir el concepto de “ingreso mínimo vital” sin proceso de concertación real, el gobierno:
- Desconoce el rol de los interlocutores sociales.
- Envía la señal de que el diálogo es más formal que efectivo.
Consecuencias:
- Mayor desconfianza de empresarios en la previsibilidad de las reglas de juego.
- Más disposición de gremios a escalar conflictos a instancias internacionales (como la OIT) o judiciales.
- Deterioro del clima de inversión, especialmente para capital extranjero que valora estabilidad y canales institucionales funcionales.
💼 Estrategias empresariales y sectoriales para responder al nuevo entorno
No se puede cambiar el decreto, pero sí la forma de enfrentarlo. Propongo líneas estratégicas concretas:
1. Estrategia micro: a nivel de empresa
- Reingeniería de costos y productividad
- Mapear puestos afectados por salario mínimo y analizar:
- Procesos susceptibles de digitalización/automatización (facturación, inventarios, trazabilidad, atención básica).
- Rediseño de turnos, roles y objetivos para elevar productividad por trabajador.
- Pasar de “recortar personas” a reconfigurar procesos.
- Mapear puestos afectados por salario mínimo y analizar:
- Gestión de precios y portafolio
- Revisar elasticidad de demanda por producto/servicio.
- Subir precios con criterio:
- Mayor impacto en productos de menor sensibilidad al precio.
- Ajustar empaques, presentaciones y ofertas de valor agregado.
- Formalización inteligente y escalonada
- Para empresas con alta informalidad:
- Diseñar planes graduales de formalización atados a metas de productividad y apoyo público (subsidios, programas de fomento).
- Evitar el salto brusco que haga inviable el negocio.
- Para empresas con alta informalidad:
- Relación con trabajadores
- Comunicar con transparencia el impacto del alza en la estructura de costos.
- Vincular incrementos salariales adicionales (por encima del mínimo) a indicadores de productividad y resultados.
2. Estrategia sectorial: a nivel de gremios y cadenas productivas
- Agenda técnica conjunta
- Gremios (como ANDI, Fenalco, SAC, etc.) deberían:
- Elaborar escenarios cuantificados de impacto por sector y por tamaño de empresa.
- Presentar propuestas de compensación o mitigación:
- Reducciones transitorias de parafiscales para micro y pequeñas empresas.
- Incentivos tributarios ligados a generación de empleo formal.
- Gremios (como ANDI, Fenalco, SAC, etc.) deberían:
- Mesas de productividad sectorial
- No limitarse a criticar el aumento.
- Proponer planes sectoriales de productividad cofinanciados (Estado–empresa–multilaterales) para:
- Tecnología
- Capacitación laboral
- Mejora de procesos
- Uso estratégico de la OIT y organismos multilaterales
- No solo como instancias de queja, sino como:
- Plataformas para impulsar reformas técnicas de política salarial (indexación parcial a productividad, diferenciales regionales, esquemas de salario mínimo juvenil, etc.).
- No solo como instancias de queja, sino como:
3. Estrategia de política pública: qué debería estar sobre la mesa
Aunque tu rol es de analista / experto, es clave plantear el debate propositivo:
- Vincular el salario mínimo a productividad y no solo a inflación + negociación política.
- Explorar:
- Salarios mínimos diferenciados regionalmente (realidades muy distintas entre Bogotá, Caribe, Pacífico, Orinoquía, etc.).
- Esquemas de salario mínimo de entrada para jóvenes con fuerte componente de capacitación.
- Reducción gradual de cargas no salariales para empresas que demuestren creación de empleo formal neto.
En ausencia de estos ajustes estructurales, incrementos de doble dígito en el mínimo se vuelven una herramienta de transferencia política de corto plazo, con riesgos significativos de daño a la base productiva formal.
Conclusión: entre la justicia salarial y la viabilidad económica
La tensión de fondo no es “a favor” o “en contra” de subir el salario mínimo.
La cuestión real es cómo se hace, a qué ritmo, con qué institucionalidad y qué política complementaria.
- Un aumento del 23 % sin mejora equivalente en productividad y sin concertación robusta:
- Mejora el ingreso nominal de algunos trabajadores.
- Pero puede debilitar el empleo formal, alimentar la inflación y erosionar la competitividad.
La ANDI, al hablar de populismo, pone el foco en la sostenibilidad de la medida.
La respuesta empresarial y sectorial debe ir más allá de la crítica:
reconfigurar modelos productivos, empujar una agenda de productividad y defender espacios de concertación técnica.
En economías con alta informalidad como la colombiana, el salario mínimo no puede ser solo un símbolo político. Es una de las palancas más poderosas —y delicadas— para definir quién participa, y quién queda por fuera, del mercado laboral formal.
